“Mire a la cámara”, me dijo un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cuando me acercaba al punto de inspección principal en el puerto de entrada de Paso del Norte.
“¿Esa es la tecnología de reconocimiento facial?”, le pregunté. “Si lo es, no quiero participar.”
"Mire a la cámara.”
“No quiero participar.”
“Mire a la cámara.”
La noche del 25 de noviembre de 2019, crucé desde México a los Estados Unidos. Los anuncios del puerto informaban sobre el nuevo uso de tecnología de reconocimiento facial y la opción de los ciudadanos de Estados Unidos de “someterse a procedimientos alternativos.” Después de entregar mi tarjeta de pasaporte estadounidense y, a pesar de mis reiteradas quejas, el oficial de CBP me tomó la foto de todas maneras.
Es probable que mi información se haya procesado mediante un sistema de bases de datos, manejado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una agencia con un largo historial de aplicación de técnicas de vigilancia abusivas. Durante el último año, el DHS vigiló ilegalmente a periodistas y activistas, y fue objeto de violaciones de datos que expusieron información privada, incluso fotos, de miles de viajeros.
CBP, una agencia que forma parte del DHS, empezó a probar el uso de “comparación facial biométrica” o tecnología de reconocimiento facial en septiembre de 2018 en carriles de cruce peatonal en San Ysidro, California, y en carriles para vehículos en Texas. El 22 de noviembre de 2019, CBP anunció la expansión de la tecnología para otros carriles peatonales en puertos de Texas, que incluyen el puerto de entrada de Paso del Norte en El Paso. Esta expansión se llevó a cabo a pesar de que un estudio interno expresó preocupación por la precisión de dicha tecnología, y a pesar de problemas graves identificados por expertos en privacidad en relación con expansiones previas en aeropuertos. La agencia se propone expandir el uso de reconocimiento facial con alcance nacional en aeropuertos, a pesar de los problemas documentados.
CBP implementa varias tecnologias de vigilancia en la frontera, invocando razones de seguridad nacional, pero el Congreso no ha autorizado expresamente el uso de tecnología de reconocimiento facial en el contexto migratorio. El Congreso ha determinado que el DHS recopile información biométrica para hacer seguimiento de viajeros que entran y salen de los Estados Unidos, con el fin de identificar a quienes permanecen más tiempo que el que permiten sus visas; sin embargo, las huellas dactilares (y otros métodos menos problemáticos) podrían cumplir ese mandato sin las preocupaciones asociadas al reconocimiento facial.
El reconocimiento facial es una de las formas más peligrosas de seguimiento biométrico y tiene mayor potencial de convertirse en una herramienta generalizada para espiar a las personas y sus movimientos. El reconocimiento facial se puede usar para vigilancia mediante cámaras de video públicas y, de esa manera, capturar los movimientos de una persona sin su conocimiento o consentimiento, lo cual presenta problemas constitucionales graves.
Las fotos que recopilan las agencias de registro automotor de los estados proporcionan otra fuente de datos que podría combinarse fácilmente con el reconocimiento facial para crear un amplio sistema de vigilancia equipado para realizar seguimientos, tanto de ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes, en todo el país.
Las agencias de inmigración deberían suspender el uso de esta tecnología en puertos de entrada, en razón de los numerosos problemas que presenta y los pocos mecanismos que existen para brindar protección en caso de abuso.
CBP afirma que esta tecnología permitirá que los cruces de frontera sean más rápidos, pero dicha tecnología es inexacta, por lo cual expone a quienes cruzan a mayores inspecciones si el sistema falla. Los estudios también sugieren que esta tecnología conlleva un sesgo racial, con tasas de error significativamente más altas cuando se la aplica a personas de color.
Si yo, con el privilegio de ser un abogado estadounidense blanco, no pude negarme a que se me aplique esta tecnología invasiva, ¿qué oportunidad tienen otros viajeros, y en especial las personas de color, para invocar sus derechos ante una agencia que tiene un historial de empleo de criterios raciales y abusos? En efecto, muchos otros viajeros han sido forzados a someterse a reconocimiento facial invasivo, a pesar de las promesas de la agencia en el sentido de que cualquiera puede optar por no participar.
CBP afirma repetidamente y con claridad que “no es obligatorio que se les tome una fotografía a los ciudadanos estadounidenses” y que, si desean que no se les tome una fotografía, deberían “avisarle al oficial de CBP cuando se acerquen al área de inspección principal.” Aunque nadie debería ser sometido a esta tecnología, CBP debe al menos proporcionar una opción genuina de no participar, que no implique horas de retraso, y debe entrenar a sus agentes para que sigan esta política. Ni siquiera las mejores políticas tienen sentido cuando los agentes de gobierno tienen la libertad de desestimarlas con impunidad.
El oficial de CBP con quien traté la semana pasada ignoró mis reiteradas quejas, dijo que desconocía los anuncios que se exhibían en el puerto y me dijo que no podía negarme. “¿Por qué está tan preocupado?; igualmente, tenemos toda su información,” fue lo último que me dijo el oficial antes de dejarme pasar.
Mi preocupación es la que todos deberíamos tener: la continua expansión de la tecnología de vigilancia en la frontera, bajo el pretexto de eficiencia y seguridad, es una señal de erosión de nuestros derechos de privacidad y del desarrollo de un sistema de vigilancia gubernamental capaz de entrometerse en nuestras vidas cotidianas. La privación de una opción significativa para evitar nuevas formas de vigilancia no puede ser simplemente una realidad aceptada en la frontera. La Constitución nos protege a todos, incluso en la frontera.
