El Secretario Johnson visita la frontera para reunirse con los jefes, no con los abusados.

La semana pasada, el Secretario de Seguridad Interna Jeh Johson visitó dos de los estados fronterizos de Estados Unidos con México, Texas y Arizona, la ACLU espera que esta sea la primera de muchas visitas a registrar de primera mano los efectos que ha causado el aumento masivo de recursos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la última década. Durante su visita al Bajo Valle del Río Grande, en donde la economía local en problemas contrasta con los billones de dólares que se gasta en muros fronterizos y vigilancia, el Secretario Johnson dio un tour por el Centro de Detención de Puerto Isabel, instalaciones que destacan la necesidad de CBP de mejorar sus estándares de condiciones y confinamiento en dichos centros. Asimismo, se reunió exclusivamente con agencias del orden público, Congresistas, y alcaldes de frontera, mismos que hicieron énfasis en la importancia de asegurar nuestra frontera, pero también en la necesidad de facilitar y hacer más expedito el comercio en nuestros puertos de entrada. El Secretario Johnson perdió una valiosa oportunidad de escuchar directamente de sus grupos más importantes: los residentes fronterizos y los líderes comunitarios de todos los sectores. Él podría haber visto y entendido la urgente necesidad de tener mayor supervisión y rendición de cuentas por parte del personal de CBP. Cuando regrese a la frontera, esperamos que el itinerario del Secretario Johnson refleje un compromiso de apreciar lo que en realidad sucede en la frontera, esto con el propósito de reformar las prácticas y las políticas de CBP que día a día impiden seriamente la calidad de vida de los residentes de frontera. El Secretario Johnson no debe de olvidar que la verdadera “seguridad” de nuestras comunidades fronterizas es el objetivo vital y lo más importante de su Departamento. Los residentes de frontera han pagado el precio de una zona militarizada impuesta en nombre de la seguridad nacional, pero no se sienten a salvo ni seguros. Ellos son acosados, abusados y discriminados por el mismo personal de CBP que juró protegerlos y defender la Constitución