Roman Vazquez, un hombre de cabello plateado y 59 años, no recuerda mucho sobre su vida en México. Es difícil recordar porque ha vivido en Estados Unidos durante tanto tiempo, más de 30 años, y en Texas durante 18 de esos años. Considera que Texas es su hogar, como lo consideran sus cinco hijos adultos y sus 13 nietos, quienes son ciudadanos estadounidenses.
El Sr. Vazquez ha llevado una vida tranquila durante las últimas décadas. Ha formado una familia y trabajado duro en varios roles en la construcción; es un amigo dedicado y un fiel miembro de su iglesia. Su voz se ilumina cuando se describe a sí mismo como honesto, cariñoso y un hombre de palabra.
Todo aquello por lo que ha trabajado pareció desmoronarse cuando, a fines de febrero, después de volver a su casa de una vacación normal en México, el Sr. Vazquez se encontró en el aeropuerto con un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quien decidió arrestarlo por un delito menor, de hacía casi 15 años. El oficial actuó de esta manera a pesar de que el Sr. Vazquez tiene el estatus legal de residente permanente de Estados Unidos y nunca había tenido problemas con el CBP al regresar a Estados Unidos de sus vacaciones; y a pesar de la amenaza inminente de la COVID-19 (enlace en inglés) en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
El Sr. Vazquez fue rápidamente llevado a un centro de detención masiva del ICE, en Conroe, Texas. Fue en el Centro de Procesamiento de Montgomery (MPC, por sus siglas en inglés), al norte de Houston, donde comenzó su pesadilla. Allí estuvo durante tres meses, cuando COVID-19 recién empezaba a propagarse como el fuego. De acuerdo con las leyes de inmigración, no tenía derecho a solicitarle a un juez de inmigración que lo liberara o le permitiera pagar una fianza. Su única salida era a través de la misma agencia que había decidido detenerlo. Sus cinco hijos se apresuraron a contratar a un abogado, pero el mensaje que recibió fue claro: el Sr. Vazquez seguiría detenido en el centro de MPC hasta que el gobierno federal decidiera que era tiempo de que saliera.
Un informe reciente (enlace en inglés) del órgano de control interno del mismo Departamento de Seguridad Nacional (DHS, según sus siglas en inglés) muestra precisamente lo poco que está haciendo el ICE para proteger de la pandemia a las personas detenidas; las mismas personas que podrían estar esperando los procedimientos de sus casos de inmigración civil en cuarentena, en sus propias casas. El impacto de este tipo de detención civil de por sí es difícil, según ha concluido otro informe reciente de la ACLU (enlace en inglés). Mientras que los estudios muestran que el 99,9% de las personas regresan para comparecer ante los tribunales cuando tienen representación legal, miles son detenidas y sufren por la separación de sus familias y comunidades. Pero no estamos viviendo en un contexto normal; estamos atravesando una pandemia que aún arrasa en Texas y en el mundo.
Las condiciones del centro MPC, a diferencia de lo que ha dicho el DHS, se apartan de las recomendaciones emitidas por expertos en salud (enlace en inglés) para detener la propagación de la COVID-19. El Sr. Vazquez confirmó los rumores sobre el centro de detención: 80 personas hacinadas en una misma habitación, sin poder mantener distancia física, incluso con personas que presentaban síntomas similares a los de la gripe. Contrajo neumonía durante su detención inicial y dice que no recibió atención médica adecuada mientras estaba enfermo.
La versión oficial dentro del Centro de Procesamiento de Montgomery era que no había enfermos, tal vez como resultado del “código de silencio” que parecían tener los oficiales. Y si “no había enfermos”, tal vez esa fuera una de las razones por las cuales no se proveían tapabocas ni desinfectante para manos a los detenidos, sino solamente envases de champú de tamaño de hotel para que limpiaran sus manos y sus cuerpos. El jabón solamente estaba disponible para la venta. Por supuesto, sabemos que el DHS sabía que la COVID-19 se estaba propagando en sus instalaciones (enlace en inglés), e incluso en la comunidad del Condado de Montgomery (enlace en inglés), pero estaba haciendo muy poco al respecto.
Lidiar con neumonía ya era horrible, pero el Sr. Vazquez estaba aún más preocupado porque la COVID-19 parecía afectar más a las personas con problemas de salud subyacentes (enlace en inglés). Sufre de asma, apnea del sueño, colesterol alto, coágulos de sangre y diabetes. Se dio cuenta de que si contraía el virus, podía ser una sentencia de muerte como lo había sido para otras personas encerradas en centros del ICE (enlace en inglés).
Finalmente fue liberado gracias al trabajo de su abogado de inmigración y abogados de la ACLU de Texas que intercedieron por él. Pero aún sufre de ansiedad y tiene pesadillas relacionadas a los tres meses en los que estuvo detenido, lejos de su familia, su iglesia y su comunidad. El Sr. Vazquez recuerda cómo era estar detenido y sin salida. Dice que su esposa e hijos estaban muy enojados, y él piensa que “lo peor que te puede pasar es que te quiten la libertad."
La ACLU de Texas, junto con algunos socios, presentó una demanda de acción de clase (enlace en inglés) en representación de todas las personas médicamente vulnerables que estaban en el centro MPC. Esta semana agregamos a nueve personas más que son médicamente vulnerables y están expuestas a un serio peligro debido a la COVID-19. Mientras el caso avanza, hay vidas que siguen estando en peligro.
Es por ello que pedimos los oficiales del ICE que usen su autoridad y liberen inmediatamente a las personas detenidas, para salvar vidas, para hacer lo correcto por esas personas que simplemente quieren ir a sus casas con sus familias y esperar en forma segura su fecha de audiencia ante los tribunales de inmigración; lejos de la amenaza que significa la COVID-19 en las jaulas masivas, como llamamos a los centros de detención del ICE.
